Vicente Lombardo Toledano

Vicente Lombardo Toledano¹

Con motivo de la creación de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), uno de cuyos principios constitucionales declara que los miembros de las organizaciones que la integran quedan en libertad para afiliarse a los partidos políticos de su elección, algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, atacaron violentamente a la CNT declarando que la no participación de los obreros en la vida cívica era una concepción reaccionaria de la función de los sindicatos, y agregaron que los trabajadores siempre han tenido militancia cívica porque no pueden substraerse a sus obligaciones de clase. Es necesario poner en claro esta cuestión.
No se trata de un asunto formal, sino de un problema político profundo. En el nuestro, como en todos los países del mundo, los trabajadores han participado siempre en actividades políticas en su carácter de ciudadanos, y muchos de ellos en los partidos creados para defender exclusivamente sus derechos. Respecto de la militancia política de las agrupaciones sindicales como conjuntos, existen algunos antecedentes que es menester no olvidar. El movimiento revolucionario en nuestro país, orientado hacia la edificación económica, social y política de un nuevo orden social creado por el levantamiento popular de 1910, se inicia después de la tragedia en la que perdió la vida el presidente Venustiano Carranza. Surgen entonces dos partidos de la clase trabajadora con influencia en las masas: el Partido Laborista Mexicano y el Partido Nacional Agrarista. Estas dos agrupaciones, a pesar de que sus miembros pertenecían en su mayor parte a los sindicatos y a las comunidades campesinas, sostienen el principio de la afiliación individual. Las asambleas sindicales se limitan a recomendar la afiliación a los partidos, pero los sindicatos y las comunidades agrarias mantienen su carácter de frente único integrado por individuos de distintas opiniones y creencias, agrupados para el fin de defender en común sus derechos económicos. Años después, el general Plutarco Elías Calles, cuando deja de ser presidente de la república, crea el Partido Nacional Revolucionario (PNR), sin consultar con nadie, con el fin de liquidar a los numerosos partidos que actuaban en los estados y centralizar la dirección política del país. El PNR, que en ese propósito concreto puede considerarse como un instrumento positivo, nace, sin embargo, con desprestigio entre el pueblo, porque es el fruto de un acto unilateral del hombre que tenía el mayor poder político de la nación, y además, porque se descuenta a los empleados públicos una parte de sus sueldos para sufragar los gastos del partido cuya formación no les había sido consultada. Al asumir después el general Lázaro Cárdenas la dirección del PNR, invita a los dirigentes obreros y campesinos para que hagan un llamamiento a los miembros de las organizaciones sociales, con el fin de que ingresen en el partido e influyan en él y cambien su contenido social, su programa y sus objetivos. Los dirigentes aceptan y, de este modo, el PNR, mientras Cárdenas lo dirige, si no es un partido de clase, sí actúa como un organismo influido por la clase trabajadora, urbana y rural, porque la fuerza que ésta representa determina la política del partido del gobierno. Años más tarde, y pocos días después de la expropiación de las empresas petroleras, para evitar un golpe de Estado, a moción de los dirigentes obreros se disuelve el PNR y las organizaciones representativas de la clase trabajadora, de los campesinos, del ejército y de los elementos de la pequeña burguesía urbana, no encuadrados en las organizaciones de masas, firman un pacto para fortalecer al gobierno e impedir la injerencia del extranjero en los asuntos domésticos de México, que da origen al Partido de la Revolución Mexicana (PRM). En esta agrupación, que no es un partido político propiamente dicho, sino una alianza, la clase obrera tiene una intervención muy importante e influye en su programa, en su orientación y en su conducta; pero la participación de los miembros de los sindicatos, como en los partidos del pasado, es individual, orientados por los principios de sus organismos de clase. Por último, cuando el PRM, creado para un fin transitorio, pierde su autoridad, se le trata de revivir cambiándole el nombre y titulándolo Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero este partido ya no es ni el PNR ni el PRM, porque aunque es un arma política del gobierno, ha cambiado su estructura y la clase trabajadora no lo dirige. Los miembros de los sindicatos y de las comunidades campesinas participan en los actos políticos bajo la presión de sus líderes, sirviendo al sector de la burguesía que toma el mando y decide, sin consulta con la clase trabajadora, las cuestiones fundamentales del partido.
En esta última etapa de la vida del partido del gobierno, especialmente durante los doce años de la gestión de los presidentes Alemán y Ruiz Cortines, la clase trabajadora, organizada socialmente, pierde toda su autoridad en el seno del partido, y como se divide en diversas centrales sindicales y agrupaciones del campo, vive a la zaga de las otras clases sociales que integran y dirigen el órgano político del poder público. Por eso es que cuando los sindicatos obreros recobran su autonomía y se esfuerzan por promover la unidad de la clase trabajadora, vuelven a la época de su mejor tradición, acordando que quedan en libertad plena sus miembros para afiliarse a los partidos de su elección. Contra esta medida que, además de apoyarse en la experiencia, está respaldada por la Constitución de la República, que reconoce el derecho de participar en política sólo a los ciudadanos y no a las corporaciones, algunos de los dirigentes del PRI protestan, porque saben bien que si se dejara en libertad a los miembros de los sindicatos y de las agrupaciones rurales para afiliarse a los diferentes partidos que existen, sin recibir sanciones por su actitud, el PRI perdería la mayor parte de sus contingentes forzados, de los que hoy dispone a través de los líderes y de las autoridades locales que los presionan para actuar contra sus deseos.
Esas protestas del PRI contra la libre acción política de los trabajadores es explicable, pero insostenible. Porque aun cuando se siga usando el aparato del Estado para influir en los trabajadores y obligarlos a que actúen dentro de las filas del partido del gobierno, el propio proceso económico de México va diferenciando cada vez más a las distintas clases sociales, y agrupando a quienes las integran en partidos o grupos que representan sus intereses y sus principios programáticos. Esta evolución de nuestro país no la puede evitar nadie, porque México ha entrado ya en la etapa del capitalismo y es absurdo pretender mantener dentro de un mismo partido a elementos de las clases sociales que se hallan en pugna por causa de sus intereses. Esta es la razón de que muchos elementos de los sindicatos y de las comunidades agrarias, que teóricamente pertenecen al PRI, estén afiliados al Partido Popular Socialista y a otras agrupaciones, porque con mayor conciencia que sus compañeros de las organizaciones sociales, conocen bien cuáles son sus derechos y, además, luchan de acuerdo con una doctrina filosófica y política correspondiente a la clase a la que pertenecen.
Hay también un hecho contra el cual reaccionan los nuevos agrupamientos de la clase trabajadora, y es el de la corrupción de sus dirigentes, que prefieren un puesto de elección popular a sus obligaciones de conductores de los derechos de clase que se les han confiado. Si se hiciera la nómina de los líderes de los sindicatos de los últimos años, que han sido regidores y alcaldes de los ayuntamientos, diputados locales y miembros de las cámaras del Congreso de la Unión, y se juzgara la conducta seguida por ellos en el desempeño de esos cargos públicos, se vería que no sólo prefirieron los puestos bien retribuidos y amparados por un fuero a sus obligaciones de dirigentes de la clase trabajadora, si no que, como representantes del pueblo, jamás se han preocupado por defender en los cuerpos colegiados en los que han figurado, los intereses que tenían el deber de hacer que se respetaran por el poder público y por ampliarlos.
Es necesario insistir cuantas veces sea conveniente, en que la vida política de México necesita una revisión a fondo, porque ha quedado muy atrás del desarrollo económico de la nación. Dentro de un país capitalista, aun cuando sea semicolonial como el nuestro, no puede haber vida democrática verdadera sin la existencia de diferentes partidos que representen a las distintas clases sociales, y sin que esos partidos sean respetados por el poder público, porque manejando mentiras o ficciones, como las de decir que el PRI no tiene oposición, a nadie se engaña y se corre el riesgo de seguir desacreditando al partido del Estado ante la conciencia de personas que jamás participan en la vida cívica. Ahí está, como confirmación a estas afirmaciones, el espectáculo que dan algunos alcaldes o diputados locales y aun gobernadores, que cuando reciben al presidente de la república, que visita las diversas regiones de nuestro país, son acallados por la masa popular que les grita lo que realmente son, porque, o fueron impuestos de la manera más descarada en los cargos que ocupan, o su conducta
ha sido de tal naturaleza que el pueblo, cuando por el propio anonimato de su masa considera que no corre ningún peligro, se dedica a expresar colectiva y a veces tumultuosamente, la opinión que tiene de sus llamados representantes oficiales.
El único país dentro del mundo capitalista en el cual los sindicatos actúan como tales en política, es la Gran Bretaña. Las agrupaciones sindicales están adheridas al Partido Laborista, al lado de los individuos afiliados aisladamente. Pero para ir a las convenciones del partido, discuten antes, democráticamente, las cuestiones que les interesan y la conducta que seguirán en las asambleas nacionales de su partido. Es decir, los sindicatos gobiernan al Partido Laborista y le imprimen la orientación que debe tomar ante los problemas nacionales e internacionales. En los demás países europeos, la militancia política no se realiza a través de los sindicatos, sino de los partidos políticos y, como lo he hecho notar muchas veces, en los Estados Unidos su clase obrera no participa en ningún organismo que defienda sus intereses, sino que son los dos partidos de la gran burguesía imperialista los únicos que resuelven los problemas del pueblo y de la nación. Llegará un día, sin embargo, en que la clase obrera norteamericana tendrá un partido que exponga y defienda sus verdaderos intereses y derechos.
El problema no es teórico sino de realidades. En un país como México, en que los miembros de los sindicatos no imponen su voluntad a sus dirigentes ni participan de un modo hegemónico, como debía ocurrir por su fuerza numérica, en la vida del partido del gobierno, los obreros quieren liberarse al mismo tiempo de la política del Estado en el terreno de la vida social, y de la tutela de sus líderes y del poder público en el campo político. Esta ambición no sólo es legítima desde el punto de vista legal, sino también a la luz de las tareas históricas que debe cumplir la clase trabajadora. Es un proceso lento, pero que marcha firmemente, hasta que en México haya una vida democrática que ha de consistir en el respeto a la lucha de partidos, de acuerdo con las clases sociales que representen. Pensar de otro modo o pretender parar la rueda de la historia es confundir la política con la magia.

Nota

1    Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 392, México, D.F., 28 de diciembre de 1960.